Los medios de comunicación corporativos y la clase política dominante apuntaron toda su artillería para deslegitimar a la Revolución Ciudadana, un fenómeno político sin precedentes en la historia democrática del país. Desde el derrocamiento de Abdalá Bucaram, en 1997, ningún presidente electo en las urnas completó el periodo constitucional de cuatro años. Este proceso fue una reacción espontánea por parte de la ciudadanía y se debió al hartazgo de tantos años de desgobierno, corrupción y entreguismo hacia intereses extranjeros.
¿Por qué posicionaron el imaginario de que el gobierno de Rafael Correa concentró todos los poderes?
Esta mentira se cae de cajón al recordar la historia y los elementos que enriquecieron un periodo de gobierno en donde Correa obtuvo cifras inéditas de credibilidad y apoyo popular, por lo cual, ganó 14 contiendas electorales, plebiscitos y consultas populares a lo largo de 10 años.
Según cifras oficiales, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se duplicó la economía pasando de $46 mil millones en 2006 a $100 mil millones en 2015. En este periodo dos millones de personas salieron de la pobreza, la precarización y tercerización laboral se eliminó, la salud pública tuvo una inversión histórica de $16 mil millones, 373 mil familias obtuvieron vivienda, se redujo el índice de homicidios y la vialidad del país se convirtió en una de las mejores de América Latina. Cuando Correa asumió su mandato más de la mitad de la población no accedía a la educación, trabajo, seguridad social, salud, servicios básicos, vivienda y un ambiente sano; estos factores eran una herencia que condenaba al país a la extrema pobreza. Es importante recordar que la salud y la educación no estaba garantizado por el Estado, a tal punto que los estudiantes no recibían textos, uniforme, ni educación gratuita de calidad, mientras los pacientes y enfermos deambulaban por los pasillos o morían a la espera de ser atendidos.
Sin embargo, los datos oficiales son menoscabados por los discursos mediáticos y políticos que deformaron la realidad. Para esta minoría privilegiada, Correa es un “caudillo concentrador de poder”, dicha premisa falsa nació desde el nacimiento de la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, que refundó los principios constitutivos del país. La construcción y aprobación de una nueva Constitución reconfiguró las relaciones de poder en el país, dejando de lado a los partidos tradicionales y el ex Congreso Nacional en el proceso de selección de autoridades electorales y de control, lo que fue asumido como competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de procesos de selección basados en méritos y oposición de la sociedad. En este sentido, el poder fue otorgado constitucionalmente al Pueblo, a diferencia de las anteriores constituciones que lo dividía entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, asumiéndolas, ahora, como funciones de administración del poder ciudadano añadiendo dos más la electoral y la de participación ciudadana.
Para graficar esta situación podemos citar al centenario Diario Universo, fundado por el grupo Pérez con el 99.2% del total de acciones controladas por tres empresas extranjeras, uno de los medios de comunicación que más atacó el proyecto soberano y modernizador del presidente Rafael Correa.
No era raro encontrar titulares mentirosos que socaban la democracia como el del 1 de junio de 2014, que decía: “El presidente tiene un poder que supera lo administrativo”. Asesinaban la reputación del Rafael Correa al caracterizarlo como un “dictador” que tenía la facultad de presentar proyectos sin ningún control constitucional. Este discurso también fue amplificado por medios internacionales de corte conservador como El País, de España, que mentía a la opinión pública con titulares como: “La Nueva Constitución de Ecuador refuerza los poderes de Correa”, publicado en 2008.
El presidente Rafael Correa desmentía una a una las ficciones posicionadas por el sistema mediático, las cuales generaron polarización, odio entre los ecuatorianos y destruían la democracia. En un Enlace Ciudadano realizado años atrás, se reafirma la legitimidad en la toma de decisiones del Primer Mandatario versus lo simulado por El Universo como “hiperpresidencialismo”. Se pone de manifiesto que no solo Correa podía presentar diversos proyectos, ya que estas facultades tuvieron todos presidentes amparados bajo las Constituciones de 1998 y 1979.
Ya lo decía el Monseñor Óscar Arnulfo Romero: “es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones, es lástima no poder en las noticias del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad”