“¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón hayan viajado al mismo tiempo, hace pocas semanas atrás a Venezuela? El sátrapa de Maduro activado junto con Correa su plan de desestabilización…Ellos son los que están detrás de este golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas”. Así desprendía odio y faltaba a la verdad el ex presidente Lenín Moreno en la cadena nacional del 7 de octubre de 2019, donde acusó a la Revolución Ciudadana como el sector que movilizó las movilizaciones populares por la derogatoria del Decreto 883, que eliminaba los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís en Ecuador.

A raíz de la declaración del Primer Mandatario, los medios de comunicación comenzaron una campaña de persecución contra la Revolución Ciudadana induciendo a la mentira que el “correísmo avivó las jornadas de manifestaciones en el país”, convirtiéndonos en un enemigo público al cual debían exterminarlo. Llego a tal extremo el nivel de confrontación que, desde el 14 de octubre de 2019, nuestros compañeros Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, Edwin Jarrín, Luis Molina, Tania Pauker y Luis Flores permanecieron 86 días refugiados en la Embajada de México en Quito. En enero de 2020, el estado mexicano les brindó asilo político a todos ellos.

No todos contaron con la misma suerte. El ex asambleísta de la Revolución Ciudadana por Sucumbíos, Yofre Poma, fue detenido por el supuesto delito de paralización de servicios públicos, junto con el prefecto de la provincia, Amado Chávez, y 8 ciudadanos más. No respetaron su inmunidad parlamentaria, ni tampoco el derecho a la defensa. Finalmente, en febrero de 2020, un juez aceptó la suspensión de la pena en su contra y unos meses después regreso a las filas de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. 

La actual prefecta de Pichincha Paola Pabón, el parlamentario Andino, Virgilio Hernández y nuestro compañero Christian González son acusados por el delito de rebelión en las protestas populares de 2019. Está figura legal previene que miembros del ejército puedan generar una revuelta armada, no procede para tres ciudadanos sin armas, ni financiamiento. Actualmente son investigados por enviar “tweets” y, a pesar de lo absurdo de la situación, un juez acogió la teoría del caso del fiscal. Tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva: portan grilletes electrónicos y la obligación de presentarse periódicamente ante la fiscalía. Si el tribunal de juicio falla en su contra cumplirían una condena de entre cinco a siete años en prisión. ¡Un adefesio jurídico!

El odio hacia el correísmo enceguece cualquier juicio de valor llegando a descalificar incluso a una comisión independiente que investigó los hechos ocurridos durante los 14 días de protestas nacionales suscitadas el pasado octubre de 2019. En el informe presentado el 17 de abril de 2021 por Sybel Martínez, Juan Carlos Solines, Xavier Zavala Egas y el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, muestran la brutalidad con la que actuó el régimen de Moreno, el ejército (Oswaldo Jarrín) y la Policía Nacional, “liderada” en ese entonces por María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, censurada y destituida con 104 votos por la Asamblea Nacional. 

Con respecto a los presuntos responsables de estos hechos, 249 testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos ratificaron que el 75% fueron perpetrados por policías y el 13% por militares. Además, se estableció que al menos 26 personas de entidades públicas no habrían actuado conforme a sus competencias, lo que corresponde al 10 %, entre ellos personal de la Fiscalía General del Estado. Además, en el informe se desprende que seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, hubo 123 violaciones a la integridad de la ciudadanía, 38 violaciones al derecho a la libertad, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares y tres violaciones sexuales.

¿Estos atentados a los derechos humanos de los ecuatorianos fueron también culpa del correísmo? ¡Los hechos caen por su propio peso! Junto al Pueblo, buscaremos verdad, justicia y reparación integral para las víctimas del Peor Gobierno de la Historia.