LA RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ

DESARROLLO

Una vez ocurrido el evento, inmediatamente se activó el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 y sus centros a nivel nacional. En coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), se consolidó un informe situacional, con el fin de responder a las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas. 

Con el fin de poder garantizar la seguridad de la población, de los bienes e infraestructura, a través del ECU-911, se activaron a los Cuerpos de Bomberos locales cercanos y nacionales en búsqueda y rescate de sobrevivientes en las estructuras colapsadas en las zonas afectadas. 

Se movilizaron 1.534 bomberos, 51 miembros de la UREM, 83 miembros del GIR, 114 voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, con un total de 1.782 efectivos movilizados a la zona afectada por el terremoto. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana junto a representantes de los Gads identificaron los proyectos prioritarios e intervinieron para trabajar en la reconstrucción y reactivación. La evolución de albergues, incentivos de vivienda por emergencia y análisis de incentivos de viviendas fueron las tareas prioritarias.

Costos de la Reconstrucción

El Gobierno Nacional, con el apoyo técnico de organismos internacionales, estimó el costo de la reconstrucción. Este costo tomó en cuenta el de la restitución mejorada de activos, los flujos que se perdieron y la respuesta inmediata frente a la emergencia e incluyó una estimación del valor de las políticas públicas que se implementarían para la reconstrucción de las zonas afectadas. El costo total de la reconstrucción se estimó en 3 343,8 MMUSD, de los cuales 2 252,3 MMUSD (67%) provendrían del sector público y 1 091,5 MMUSD (33%), del sector privado. El sector más afectado y con el mayor costo fue el social; solo la reconstrucción del subsector vivienda requirió cerca de 653 MMUSD (20% del total de reconstrucción).

Sectores de intervención priorizada

Turismo: en este sector se destacaron los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Solidaridad, que dispuse que las nuevas inversiones productivas del sector turístico estén exoneradas del pago de Impuesto a la Renta hasta por 10 años, contados desde el primero en que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión.

Comercio: la intervención de mayor impacto fue la reubicación de 1 800 comerciantes de la “zona cero” de Tarqui, en Manta. También fueron reactivados los mercados de Portoviejo, Rocafuerte y Jama.

Agricultura, Acuacultura y Pesca: las intervenciones se dirigieron a la recuperación de semillas, reparación de maquinarias y portes al sector camaronero. En pesca, se direccionaron inversiones para la reconstrucción y construcción de facilidades pesqueras para pesca artesanal.

Los esfuerzos y la planificación se centró en la reconstrucción y reactivación productiva enfocada en devolver los medios de vida, infraestructura y garantías sociales a la población afectada por el terremoto. 

La reconstrucción que se ejecutó, ofreció mejores condiciones que las que existían antes del terremoto: para ello fue vital reconstruir mejor, para reducir y mitigar el riesgo, así como para evitar nuevos escenarios de desastre.

Se fortaleció las capacidades de respuesta y resiliencia en la población afectada y sus medios de vida para afrontar imprevistos de magnitud similar, o superior, al producido el 16 de abril de 2016. 

Las políticas diseñadas estuvieron alineadas con la recuperación de las poblaciones afectadas de manera sostenida para dar una respuesta a las verdaderas necesidades de los territorios. 

El rol fundamental del Estado fue asegurar el ejercicio de derechos fundamentales de la salud, educación, cultura, hábitat, vivienda y empleo; el acceso a servicios básicos; y una vida libre de violencia.

CONCLUSIONES

  • “El actor clave en esta respuesta fue el Gobierno ecuatoriano. En un contexto político pre-electoral, el Gobierno se activó para brindar ayuda a la población con grandes obras de infraestructura y reconstrucción de viviendas, políticas de reactivación económica, gestión de albergues y gestión de la ayuda humanitaria principalmente.
  • A modo de aspecto característico de los países de renta media, el Gobierno se posicionó realmente como líder, proveedor y coordinador de la respuesta, con una voluntad demostrada de captar la ayuda disponible, supervisar y controlar las intervenciones de otros actores. Por lo tanto, la respuesta del Gobierno fue muy visible y reconocida por las personas afectadas. A pesar de una capacidad acertada de respuesta y liderazgo, no todas las instituciones gubernamentales tenían la experiencia de respuestas humanitarias de esta magnitud o los conocimientos necesarios de los mecanismos y estándares humanitarios internacionales. 
  • Ahí es donde más valor añadido ha tenido la cooperación, en su mayoría internacional. Las organizaciones y agencias de Naciones Unidas brindaron recursos financieros y humanos, pero sobre todo su experiencia de gestión de respuesta humanitaria, favoreciendo una mejor calidad de la respuesta. La contribución de las organizaciones fue significativa en la transferencia de conocimientos de gestión humanitaria, protección y estándares en situaciones de emergencia, asesoría e incidencia sobre el Gobierno, pero también sobre las organizaciones locales u oficinas locales de organizaciones internacionales.
  • Hay que reconocer también el rol de las personas particulares y el gran movimiento de solidaridad que aportó insumos básicos esenciales a las zonas afectadas unas horas después del terremoto, lo que causó, sin embargo, también cierto caos. Las instituciones religiosas y empresas privadas también contribuyeron a la recuperación de la población con apoyo material, financiero o emocional. Su rol podría ser analizado más en detalle en futuros estudios”.