Antecedentes. –

Aunque la lucha contra el estructural problema de violencia contra los niños, niñas y adolescentes nunca fue parte del discurso de campaña del presidente Lenin Moreno,  apareció como una preocupación fundamental del ministerio de Educación en octubre de 2017, cinco meses después del inicio del periodo de gobierno, cuando en el mes de octubre de 2017 se hizo público que padres de familia del Colegio Réplica Aguirre Abad de la ciudad de Guayaquil denunciaron que varios niños fueron víctimas de abuso sexual, desde el mes de mayo de 2017 lo que presuntamente habría sido encubierto por las autoridades del plantel educativo.

La noticia provocó una indignación generalizada que demandó respuestas prontas del ministerio de Educación y es cuando su titular, Fander Falconí, se plantea el objetivo mediático de asociar su gestión a la lucha contra la impunidad y a la protección de menores. Apurado y fundamentado en una precaria lista de casos con información incompleta y sin verificación debida presenta a los medios de comunicación cifras imprecisas sobre abusos sexuales a estudiantes ocurridos desde 2014 a 2017; en su comparecencia buscó proyectar la imagen de ser el primero en preocuparse por la situación y trasladar la atención de lo que estaba sucediendo en ese momento a lo que había ocurrido en el pasado. A nadie se le ocurrió preguntar por qué solo se presentaban cifras desde 2014 y qué se había hecho para prevenir el cometimiento de este delito desde el inicio del periodo de gobierno.

Luego de presentar las cifras “oficiales”, el ministro Falconí ofrece implementar tres acciones para solucionar la problemática: hacer de manera inmediata evaluaciones sicológicas a todos los docentes del sistema de educación pública, remitir para revisión de la Fiscalía los sumarios administrativos a docentes sobre los que el Ministerio de Educación sospecha de actuación negligente y lanzar una campaña de concientización.

Para quienes conocen a profundidad la problemática fue evidente que la reacción ministerial no tenía implícita una estrategia integral para combatir los abusos y respondía solo a un acto mediático desesperado para evitar un temprano desgaste de imagen; pero además las evaluaciones que se ofrecieron realizar un mes después apenas comenzaron a aplicarse en julio 2018, se entregaron unas centenas de expedientes de sumarios administrativos a Fiscalía y la campaña de concientización correspondió a una que la tenía en marcha UNICEF cuya difusión ha sido muy marginal.

Entonces, en consonancia con la estrategia de “descorreizar” el Ecuador, el presidente Lenin Moreno, los políticos detractores del ex presidente Rafael Correa y los medios de comunicación aprovechan la situación para intentar deslegitimar el trabajo que se había realizado en el sector educativo.

La violencia y el abuso sexual de menores es un problema estructural del que probablemente conocemos solo una parte porque se omiten las denuncias pero existe evidencia que el mayor número de casos se produce fuera de los establecimientos escolares y son perpetrados mayoritariamente por miembros o personas cercanas a las familias, por ejemplo, según datos del Consejo de la Judicatura, entre 2015 y septiembre de 2017 se habían presentado 4.864 denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, de las cuales solo el 25% había terminando con sentencias condenatorias y del total de denuncias el 714 (14,7%) correspondía a hechos que se habrían dado en planteles educativos.

AAMPETRA

En julio de 2017, la Asamblea Nacional de Ecuador creó una Comisión Ocasional, a la que denominó AAMPETRA, con el objetivo de que analice la problemática de los abusos sexuales a menores y proponga soluciones. Pronto la aparente buena intención de la Asamblea se desvirtuó y la Comisión se contagio del ambiente anticorreísta que imprimían los detractores del ex presidente, consciente o inconscientemente complementó la estrategia mediática del Ministerio de Educación y la búsqueda de soluciones dio paso al intento de usar el sensible tema para “linchar” al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa.

En este contexto, en octubre de 2017 fueron recibidos en la Comisión Ocasional el ministro de Educación en funciones y dos ex ministros,  Freddy Peñafiel y Augusto Espinosa para que expongan las acciones que se tomaron en sus respectivas gestiones para proteger a los menores en el sistema educativo; a la comparecencia de los ex – ministros, no asistió ninguno de los asambleístas que con mayor ímpetu en medios de comunicación pretendían responsabilizar a estas autoridades de los delitos cometidos en planteles educativos, esto evidenciaba que sus actuaciones eran absolutamente mal intencionadas, que no tenían ningún interés en la solución de los problemas, sino solo en cómo usar este tan delicado tema para destruir a quienes consideraban adversarios políticos.

ROL DE LOS MEDIOS Y EL LINCHAMIENTO ANTICORREISTA AL EX MINISTRO ESPINOSA

Aquí apareció el perverso rol de  medios de comunicación en la creación de estados de opinión desfavorable, quienes iniciaron un linchamiento a partir de la invención de un “periodista” que afirmó que el ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, había conocido casos de abuso y no los denunció; esto se derivó en que, en la comparecencia, en la Comisión de la Asamblea, el ex ,ministro MENCIONÓ que al inicio de su gestión le informaron que existían, en promedio, cien denuncias de abusos sexuales por año realizadas Fiscalía. Así es, en esto se basaron para el escarnio y el ataque encarnizado en contra del ex ministro del correismo, cuyo pecado era precisamente ese y no más que ese.

PRIMER ESTUDIO DE AAMPETRA NO ENCUENTRA RESPONSABILIDAD DE ESPINOSA.

Unos meses después, en febrero de 2018, la Comisión AAMPETRA presentó el estudio de alrededor de 40 casos de abuso sexual a menores y en ninguno de ellos estableció responsabilidad alguna sobre el ministro en funciones o los anteriores por lo que seguramente no fue interesante para los medios de comunicación y prácticamente no se lo difundió.

En el mes de marzo de 2018 se aprueba un segundo informe esta vez referido al control político del Ministerio de Educación, este sí es ampliamente difundido por los medios de comunicación en la línea de alimentar un estado de opinión adverso al ex ministro de Educación del gobierno de Rafael Correo Delgado.

Este informe, cuyo borrador fue elaborado por la presidenta de la Comisión Ocasional AAMPETRA, la “socialista” Silvia Salgado, evidentemente fue:  subjetivo, ilegítimo e ilegal.

Subjetivo porque valoró con criterios distintos cada una de las gestiones, para unos se ve el “vaso medio vacío” y para otro el “vaso medio lleno”; es ilegitimo porque no se permitió a los ex ministros aludidos observar las erradas conclusiones que se obtienen luego de sus comparecencias de octubre de 2017 y porque se evidenció un conflicto de intereses dado que familiares cercanos de la asambleísta autora del informe habían sido nombrados por el ministro Falconí como funcionarios de la cartera a su cargo cuando la Comisión Ocasional fue constituida;  finalmente, se reviste de ilegalidad porque no existe congruencia entre lo que se aprobó en la sesión y el texto final del informe, incluso dos asambleístas a pesar de haber votado a favor del informe,  se negaron a suscribirlo aseverando que sus observaciones no fueron incluidas aunque fueron acogidas en el debate y aprobadas en la votación.

El informe de control político de la Comisión AAMPETRA se puede sintetizar diciendo que antes de la gestión del ex ministro Espinosa se había creado un marco jurídico  orientado a la protección de menores, que al inició de la implementación de lo establecido en la normativa, se avanzó muchísimo pero dejó tarea pendiente que fue continuada por el ex ministro Peñafiel; luego se ponderan las acciones puntuales emprendidas durante la gestión del ministro Falconí sin evaluar si hubo avance en lo que se cuestiona a las administraciones anteriores.

El gran error técnico del informe de control elaborado por la Comisión fue no establecer de partida cuáles eran las responsabilidades políticas de las autoridades según lo establecido en la norma vigente (Constitución, tratados internacionales, leyes y reglamentos); después, con indicadores objetivos, determinar su cumplimiento; luego, evaluar las razones que posibilitaron o limitaron el avance en la construcción del sistema de protección de menores; y, finalmente, definir si alguna de las autoridades no cumplió con sus obligaciones.

Para corregir estas debilidades, el asambleísta Juan Cárdenas, miembro de la Comisión AAMPETRA, solicitó que antes de la aprobación del Informe se lo remita a las autoridades aludidas para que puedan realizar observaciones de considerarlo necesario, lo que fue negado; en la misma línea, la mayoría legislativa rechazó el pedido del asambleísta Augusto Espinosa para que el Pleno de la Asamblea disponga a la Comisión AAMPETRA recibir el criterio del  ministro y los ex ministros para que sean incorporados al informe si se consideraba pertinente.

EL SEGUNDO OBJETIVO DE AAMPETRA

Fue evidente que este informe de la Comisón AAMPETRA tenía objetivos políticos claros, al ya mencionado intento de deteriorar la imagen de la política educativa impulsada por el gobierno de Rafael Correa se sumó el boicot que se hacía a la gestión de Augusto Espinosa al frente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional.

En definitiva, la mayoría de miembros de la Comisión AAMPETRA se dejó llevar por presiones, intereses políticos y abonó el estado de opinión que distorsiona la realidad, aprobó un informe que en el intento de afectar la imagen de un ex ministro se convirtió en un arma de “sicarios políticos” que pretenden vengar la pérdida de sus protervos privilegios llegando al absurdo de intentar asignar responsabilidad penal a los ex ministros por los delitos que se cometen en los planteles educativos.

Se llegó entonces al absurdo de denunciar al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, de omitir una denuncia, de fraude procesal y de tortura, como si él hubiese presenciado cada uno de los delitos cometidos. Y la gente lo creyó, sin preguntar, sin investigar.

EL CORREISMO Y LA EDUCACIÓN

La política de transformación educativa durante el gobierno de Rafael Correa Delgado, tenía implícito el fortalecimiento de los distintos componentes de un efectivo sistema de protección orientado a convertir a la escuela en un espacio de convivencia armónica y en difusora de una cultura de paz que incida en los otros espacios en los que transcurre la vida de los estudiantes.

Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se trabajó en el fortalecimiento de un sistema de protección considerando los tres grandes ámbitos de acción: la prevención, la reacción y la remediación; el principal objetivo del sistema fue erradicar el abuso sexual a menores, pero si se llegara a producir se debería dar una respuesta rápida que minimice el daño causado, se sancione a los responsables y se retroalimente para que cada vez sea menor la incidencia del problema.

DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

La prevención demanda el avance hacia una cultura de paz y convivencia armónica de la comunidad educativa que incluye al estudiante, a su familia, a los docentes, a los directivos de las instituciones y a las propias autoridades gubernamentales; en este contexto, la constitución de los Departamentos de Consejería Estudiantil fue fundamental para el Gobierno de Rafael Correa Delgado.

En el “MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL” anexo al Acuerdo Ministerial 0069-14 promulgado el 17 de abril de 2014 por el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se define claramente que, según la norma vigente, “la atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil -DECE- de los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo. El DECE es el organismo encargado de brindar acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los estudiantes en su proceso general de formación en los establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida. La estrategia operativa de los DECE está fundamentalmente enmarcada en procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo.”[1]

Dada la relevancia, de los Departamentos de Consejería Estudiantil para prevenir los casos de abuso sexual, el mencionado Acuerdo, dispuso a las Subsecretarías del Distrito Metropolitano de Quito y de Guayaquil, así como, a todas las Coordinación Zonales, constituir los DECE en todos los planteles educativos del país.

La magnitud de la tarea era enorme, debido a la casi nula cobertura que existía en el momento de la promulgación del Acuerdo y a la complejidad que suponía incorporar a cerca de 8 mil profesionales especializados al sistema educativo público, en el marco de una seria restricción presupuestaria derivada de la caída de los precios del petróleo.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones, al finalizar el periodo de gestión del ex ministro, Augusto Espinosa, se habían incorporado más de 4 mil profesionales, con lo que se cubría con el servicio de consejería estudiantil a cerca del 50% de la población estudiantil del sistema fiscal; este logro fue producto de la optimización de procesos administrativos, gracias a lo cual se liberó recursos, en medio de la difícil situación económica nacional, para poder financiar el salario de los consejeros que ascendían a un monto aproximado de 70 millones de dólares por año.

Junto a la contratación de los consejeros estudiantiles y a la implementación del “MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL”, se emprendió en la tarea de capacitación a los consejeros; a pesar del sesgo político del informe de la Comisión AAMPETRA de la Asamblea Nacional, da cuenta que 2.178 profesionales fueron capacitados para impulsar la implementación de las consejerías a nivel nacional. 

Por otra parte, el 26 de septiembre de 2013 el Ministerio de Educación emprendió la campaña de sensibilización denominada “NADIE NUNCA MÁS”[2] cuyo informe final se anexa al final de este documento.

Es importante resaltar, el permanente seguimiento que realizaban las autoridades educativas nacionales a la implementación de lo que se disponía en la normativa que se promulgaba, para citar un ejemplo, en memorandos internos fechados el 17 de agosto de 2014, dirigidos a las autoridades educativas zonales, la subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir, dice:  “la Subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir  con La Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir, a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, se encuentra en el proceso de implementación de los Departamentos de Consejería Estudiantil en las instituciones educativas fiscales a nivel nacional, de conformidad con lo que establece el Acuerdo Ministerial No. 0069-14, de 17 de abril de 2014. En este contexto y de acuerdo a la disposición emitida por el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en reunión de planificación realizada el día 25 de agosto de 2014, se solicita a usted disponer a los Distritos Educativos de su jurisdicción, realicen la contratación del personal faltante en los Departamentos de Consejería Estudiantil (…)”

REACCIÓN Y RESPUESTA

En el mismo Acuerdo Ministerial 0069-14, en su disposición transitoria décima, se dispone a la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y Buen Vivir, implementar en el plazo de seis meses, un sistema de registro de denuncias en el sistema educativo para los casos de infracciones de connotación sexual; esto hace suponer que, a la fecha no existía ningún sistema de información que permitiera a las autoridades dar seguimiento a la respuesta que desde las distintas instancias del ministerio se daba a los casos de violencia que se presentaron o presentaren en el ámbito educativo.

El cumplimiento de esta disposición permitió determinar que, en las antiguas Direcciones Provinciales de Educación, no existía información fiable en relación a los casos de violencia sexual en el sistema educativo y, solo a partir de 2014, conforme se implemente el sistema de registro aparecer información; inverosímilmente esto interpretado por ciertos políticos como la prueba de que a partir de este año aparecen casos de delitos atroces en las escuelas y colegios.

EL SISTEMA IMPLEMENTADO EMPIEZA A DAR RESPUESTAS Y POR ELLO SE ASEGURA QUE ANTES LA VIOLENCIA EN LAS AULAS NO EXISTÍA.

La realidad es que el sistema implementado comienza a evidenciar la magnitud de la problemática y a generar conciencia de la gravedad del problema, así como, de la necesidad de profundizar la relación interinstitucional que se había establecido mediante convenio suscrito en enero de 2012, entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Educación.

El objetivo de este convenio fue “desarrollar acciones coordinadas entre la Fiscalía, el MNINEDUC y el Consejo de la Judicatura, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, para garantizar espacios educativos libres de violencia y reducir los históricos niveles de impunidad por medio de la atención, protección,  investigación  y restitución inmediata, oportuna y con enfoque de derechos, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual y violencia de género…”.

Es decir, en el propio convenio se reconoce la necesidad de implementar acciones para enfrentar una problemática existente que no puede ser atribuida a la autoridad de turno, lo que si le correspondo a esa autoridad es implementar una política pública para mitigar este mal social; lo que, conforme se demuestra en este documento, se hizo a lo largo de todo el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana.

La implementación de este convenio interinstitucional fue objeto de seguimiento por la propia Fiscalía General, en el anexo se presenta uno de los informes técnicos a los que tuve acceso y que fue presentado por la dependencia respectiva para ser avalado por el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Educación.[3]

En este informe, se señala que “entre el año 2003 y el año 2010 las noticias del delito relacionadas con el ámbito educativo suman tan solo 63 en siete años. El año en el que más noticias del delito se conocen es en el año 2010 con un número de 21. Este incremento es el resultado de la primera reunión de trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía General del Estado en el que se priorizaron 40 casos de los detectados en las noticias del delito para que fuesen puestos a órdenes de la Dirección Nacional de Gestión Procesal Penal…”.

Unos párrafos más adelante en ese informe:

“En enero del año 2013 se firma el Convenio Marco tripartito, periodo en donde se formulan las primeras rutas de denuncia y protección de víctimas de delitos sexuales en el ámbito educativo como un producto del Ministerio de Educación elaborado con el apoyo de fiscales especializados(as) y técnicas de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura en el marco del convenio tripartito.

En este año el Ministerio de Educación lanza la campaña de prevención de delitos sexuales “Nadie nunca más” en el ámbito educativo dirigido a estudiantes y comunidad educativa donde se difunden las rutas al momento realizadas. Durante este periodo, como máxima prioridad de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se impulsa la sensibilización y capacitación a fiscales mediante la metodología de clínica procesal en territorio con casos que estaban por enfrentar audiencias de juzgamiento actividad que se realizó bajo el liderazgo de la Direccion Nacional de Gestión Procesal Penal. De esta manera por primera vez en el país se logra:

1. Un trabajo interinstitucional coordinado para enfrentar los delitos sexuales en el ámbito educativo de carácter intersectorial y entre funciones del Estado
2. Registro con variables de sexo, edad, relación entre autor y víctima, ubicación y estado de la noticia del delito
3. Apoyo a víctimas de delitos sexuales en el ámbito educativo con intervención inmediata desde el ámbito educativo mientras que desde Fiscalía General del Estado se promovió tanto la solicitud de medidas de protección por parte de fiscales como la intervención del Sistema de Protección y Atención a Víctimas
4. Se obtienen dictámenes acusatorios, instrucciones, llamamientos a juicios y audiencias de juzgamiento de modo sistemático.

Es así que, entre el año 2012 y el año 2014 la FGE evidenció un comportamiento en el ingreso de noticias de delitos sexuales detectados o cometidos en el ámbito educativo que da como promedio anual 114 noticias del delito y un total en los tres años de 343.”

El informe técnico de la FGE corrobora que la implementación de un sistema de información permite incrementar las denuncias, lo que no significa que haya crecido el número delitos, el problema es que antes no se registraban, con lo que se corría el riesgo de que queden en la impunidad.

Como se menciona en el informe citado, a la implementación de un sistema de información en 2014 se establecieron los “PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL”. [4] La publicación de estos protocolos, significó un avance sustancial en las construcción de un sistema integral de protección a los estudiantes porque permitó hacer efectiva toda la normativa que al respecto estaba promulgada a nivel de disposiciones, acuerdos ministeriales, reglamentos de ley, leyes y la propia Constitución.

Remediación

Las acciones de reacción deben estar seguidas por los procesos de remediación que fundamentalmente se refieren a la resiliencia y a la sanción. Por un lado, el apoyo profesional a las víctimas es fundamental, el hecho no se podrá borrar nunca de sus mentes, pero su recuerdo debe tener la menor afectación posible a lo largo de la vida; por otro lado, la sanción, administrativa y penal, del o los victimarios, es necesaria en busca de resiliencia social más que de una venganza colectiva.

Para seguir los debidos procesos encaminados a investigar y sancionar administrativamente a los miembros del sistema educativo cuyas faltas se hubieren probado, era necesario constituir las instancias institucionales a las cuales la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento le asignaban las competencias correspondientes.

Así, en 2013 se inicia un proceso muy intenso de desconcentración administrativa, se constituyen 140 direcciones distritales que reemplazan a las 24 direcciones provinciales de educación y, en cada distrito educativo, se constituye la Juntas de Resolución de Conflictos que es la primera instancia en los procesos sancionatorios de miembros de la comunidad educativa que cometan faltas; desde la autoridad educativa nacional, se instruyó que cada Junta se integre conforme a la Ley, lo que incluía la presencia de un profesional del Derecho.

La acción de las Juntas de Resolución de Conflictos se reflejó en el hecho inédito de que durante el periodo 2014-2017, se destituyeron 203 docentes y 106 fueron suspendidos, datos que son recogidos por la denominada Comisión AAMPETRA de la Asamblea Nacional; sin embargo, para la Comisión esto fue insuficiente, criterio al que llega sin ninguna fundamentación que lo sustente.

Por otra parte, el artículo 178 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que:

“Los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes: a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate (…)”.

En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión es el mecanismo

procesal administrativo a través del cual se impugnan las resoluciones adoptadas en el ámbito disciplinario por las Juntas Distritales de Resoluciones de Conflictos, Coordinadores Zonales de Educación, Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito de Guayaquil.

En este sentido, las resoluciones de las Juntas podían ser revisadas en última instancia por la Autoridad Educativa Nacional, a quien le correspondería realizar un análisis de fondo y forma de las resoluciones impugnadas para verificar o descartar un probable error de hecho o derecho de las instancias inferiores; cosa que nunca sucedió durante el periodo de gestión del ex ministro Augusto Espinosa en relación a los casos de violencia en el sistema educativo nacional.

Es importante destacar que, al Ministerio de Educación, le compete exclusivamente la sanción administrativa, una vez denunciados los casos es la Fiscalía quien debe actuar en materia penal.

[3] Fiscalía General del Estado, Informe Técnico del Convenio Interinstitucional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo, 2015.

[4] Ministerio de Educación, PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 2014.