Bruselas, 10 de diciembre 2025

A la Dirección Editorial
The New York Times
Nueva York, Estados Unidos

Estimados señores:

En atención al contenido difundido recientemente por su medio en plataformas
digitales, específicamente en el reporte audiovisual sobre “Ecuador se convierte en
la superautopista global de la cocaína”, deseo plantear una aclaración fundada en
datos oficiales, series históricas verificadas y evidencia comparada.

En dicho material, a partir del minuto 1 con 10 segundos, se sostiene que la
decisión soberana adoptada en 2009 por el Estado ecuatoriano de no renovar el
acuerdo con el Forward Operating Location (FOL) de Estados Unidos en Manta
habría marcado el inicio de la escalada criminal que hoy enfrenta el país. Esa
afirmación no corresponde a la realidad documentada para el periodo 2007-2017 y
reproduce una correlación falsa que distorsiona la comprensión del caso
ecuatoriano.

Permítanme fundamentarlo de manera rigurosa.

1. La salida de la FOL no debilitó la capacidad antinarcóticos del Estado ecuatoriano: la fortaleció

Durante los diez años de operación del FOL (1999–2009), Ecuador registró un
promedio anual de 24.42 toneladas de cocaína incautadas. Tras la salida de las
tropas estadounidenses por la no renovación del acuerdo de operaciones, y
durante la década subsiguiente, el país quintuplicó esa capacidad, alcanzando un
promedio de 65.40 toneladas, con un récord histórico de 110.40 toneladas en 2016,
altos niveles por encima de cualquier registro previo.

Ecuador siempre contó con una política nacional antidrogas. En un inicio, esta
función estuvo a cargo del CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas), un organismo que no dependía del Ejecutivo. Sin
embargo, en 2015, mediante reformas al Código Penal, se estableció la necesidad
de contar con una institución técnica directamente bajo responsabilidad del
Gobierno Central, con el fin de fortalecer y hacer más eficaz el combate contra las
drogas.

Este salto operativo, reconocido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Crimen, UNODC y organismos independientes, invalida la premisa de que
la presencia de la base extranjera era determinante para la eficacia del país en
interdicción marítima o aérea. Lejos de producir un vacío, la recuperación plena
del control territorial impulsó la modernización de la inteligencia policial y militar,
el despliegue de radares propios (antes de 2007, Ecuador no tenía un solo radar a
cargo de FF.AA.), la ampliación de capacidades marítimas y aéreas para las Fuerzas
Armadas del Ecuador (compra de aviones Super Tucano y lanchas rápidas) y la
consolidación de unidades de investigación que operaban con independencia
doctrinal de agencias estadounidenses.

Este proceso integral no solo obtuvo reconocimiento nacional, sino también
internacional. En junio del 2016, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)
otorgó una condecoración al Estado ecuatoriano por su eficacia en la lucha contra
el narcotráfico. Un año antes, la Organización de las Naciones Unidas declaró al país
territorio libre de cultivos ilícitos, un hito que consolidó la reputación de Ecuador
como referente regional en control y prevención de economías criminales.

2. Los años posteriores a 2009: los más seguros de la historia moderna del Ecuador

El indicador más sensible y universal para evaluar seguridad pública —la tasa de
homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes— evidencia de forma
contundente que la supuesta “escalada a partir de 2009” no ocurrió.

Estas son las cifras verificadas en fuentes del Banco Mundial, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, INEC y la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el
Delito, UNODC:

• 2009: 18.74 homicidios (pico previo a la reforma integral del Estado).
• 2010–2017: descenso sostenido y continuo.
• 2017: 5.78 homicidios por cada 100.000 habitantes —la cifra más baja registrada en Ecuador y una de las más bajas de América Latina.

Durante ese periodo, Ecuador se consolidó como uno de los países más seguros de
la región. Resulta entonces metodológicamente incorrecto vincular la no renovación
de operaciones de la FOL con un incremento de violencia, cuando los datos
muestran exactamente lo opuesto: la etapa que siguió a esa decisión soberana
representa la reducción más acelerada y profunda de homicidios en la historia del
país.

3. La evidencia muestra que la explicación de la actual crisis es multicausal y se origina después de 2018, no en 2009

Las curvas de violencia letal, incautaciones, detenciones, eficacia judicial y
capacidad estatal muestran una inflexión clara recién a partir de 2018. Entre las
causas estructurales ampliamente documentadas se encuentran:

• desmantelamiento de la institucionalidad y coordinación del sistema de
  seguridad integral del Estado construida durante una década.
• reducción e incumplimiento de las asignaciones presupuestarias para la
  Policía y las Fuerzas Armadas.
• pérdida y falta de mantenimiento de instalaciones, vehículos y equipos
  destinados a la seguridad ciudadana.
• pérdida de control penitenciario y ruptura del modelo de gestión carcelaria.
  Tras el acuerdo entre el Gobierno de Lenin Moreno con los líderes de los
  Grupos de delincuencia organizada a través de la entrega de pabellones.
• fragmentación territorial asociada al incremento de producción de cocaína
  en Colombia post–Acuerdo de Paz (efecto global)
• proliferación de economías criminales transnacionales posterior a 2018

Ninguno de estos factores está vinculado causalmente a la decisión soberana de
2009. Ignorar la cronología empírica y atribuir el estallido de violencia de 2021–2024
a un evento ocurrido hace doce años es una narrativa política, no un análisis
periodístico.

4. La relación entre soberanía, inversión estatal y seguridad fue documentada por organismos multilaterales

La década 2007–2017 fue evaluada por entidades como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Naciones Unidas, el Banco Mundial, así como centros de
investigación académica. Sus estudios coinciden en que:

• la inversión en seguridad (Policía y FFAA) superó los USD 800 millones;
• el sistema ECU 911 redujo significativamente delitos y tiempos de respuesta;
• las reformas judiciales disminuyeron las audiencias fallidas a niveles cercanos a cero;
• la dignificación policial y el modelo de proximidad contribuyeron a la drástica reducción del homicidio;
• la inclusión social de organizaciones juveniles influyó en la seguridad urbana.

Esta evidencia es pública, verificable y ampliamente citada en literatura académica.

5. Solicitud respetuosa de aclaración o actualización contextual

Entendemos que la cobertura periodística de la región requiere integrar múltiples
fuentes y perspectivas. Por ello, y desde un espíritu de colaboración constructiva,
consideramos valioso que el New York Times revise la afirmación señalada o
incorpore una actualización que refleje la evidencia histórica disponible.

Estamos convencidos de que un debate informado contribuye a una comprensión
global más precisa de los desafíos que enfrenta el Ecuador, así como de las
lecciones que pueden extraerse de su trayectoria en materia de seguridad pública.

Agradezco su atención y quedo a disposición para facilitar datos adicionales,
estudios técnicos y/o entrevistas con especialistas que puedan complementar este
análisis.

Rafael Correa Delgado
Expresidente de Ecuador (2007-2017)